Chequeos a dichos de Randazzo sobre informalidad y causas por delitos de drogas

El precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo (Vamos con Vos) dio una entrevista el domingo último en Filo News en la que se refirió a diferentes temas.

En Chequeado queremos mejorar la información disponible para los nuevos votantes de cara a las elecciones legislativas de 2021. Por eso, decidimos chequear la serie de entrevistas que Filo News hará a los principales candidatos.

Estas entrevistas, de tono informal y sobre temáticas de interés para los jóvenes, las pasaremos por el desgrabador de nuestro Chequeabot, seleccionaremos frases chequeables y verificaremos la veracidad de lo que se dice. Las afirmaciones chequeables son aquellas que son contrastables con datos y hechos (esto no incluye opiniones, por ejemplo).

A continuación, los chequeos a la entrevista de Randazzo.

“Estamos condenando al 51% de los argentinos que están en la informalidad”

DISCUTIBLE

El precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo (Vamos con Vos) aseguró  que “estamos condenando al 51% de los argentinos que están en la informalidad”.

La afirmación es discutible, dado que existen diferentes criterios para medir la informalidad laboral y, dependiendo cuáles se utilicen, el resultado difiere.

Un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) citado por el equipo de Prensa de Randazzo afirma que la informalidad alcanza al 52% de los trabajadores. Pero proyecciones realizadas por especialistas en estadística y mercado laboral en base a datos oficiales dan cuenta que la informalidad laboral ronda entre un 37 y un 45%, una cifra inferior a la mencionada por el precandidato.

Cómo se define la informalidad laboral

Consultados por Chequeado, desde el equipo de Prensa de Randazzo indicaron que el precandidato “dijo que el 51% de los argentinos tiene un empleo informal. Más de la mitad de los argentinos”. Y sostuvieron que la afirmación del precandidato “está basada en un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)”.

El trabajo referido señala que, “de los 19,1 millones de ocupados, poco menos de la mitad son asalariados en relación de dependencia con contrato laboral registrado (9,1 millones)”.

Y analiza: “De la mitad restante, 4,9 millones son trabajadores no registrados, quienes al no tener reconocida su relación laboral se enfrentan a una situación de desprotección y amplias dificultades para hacer valer sus derechos. El resto (5,1 millones) son no asalariados, es decir que en su amplia mayoría se trata de trabajadores por cuenta propia, con ingresos relativamente bajos e inestables”.

Sin embargo, este no es el único criterio que puede utilizarse para definir la informalidad laboral. María Marta Formichella, investigadora del Conicet y del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), explicó en este trabajo que hay múltiples criterios para definir la informalidad laboral.

“Dada la diversidad de formas en que puede presentarse el empleo informal, y considerando que se relaciona con el permanecer al margen de la legalidad -con el no registro-, se hace difícil poder estimarlo. Por ello, la discusión sobre cómo medirlo ha sido amplia a través del tiempo y diversos informes se han escrito sobre el tema”, sostuvo.

Qué dicen los datos oficiales

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, el 32,2% de las personas ocupadas tienen un empleo no registrado. Sin embargo, esta categoría sólo incluye a los trabajadores asalariados -es decir, en relación de dependencia- pero excluye otro tipo de relaciones laborales, como la del trabajo por cuenta propia.

Por su parte, el informe sobre la evolución del mercado de trabajo en el primer trimestre de 2021 elaborado por el INDEC muestra que, de un total de 12 millones de personas ocupadas -en los 31 aglomerados urbanos en los que se realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)-, sólo 5,8 millones (el 48,6%) tiene descuento jubilatorio.

En tanto, el 51,4% no posee descuento jubilatorio (23,3%) o figura como ocupado no asalariado -cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares sin remuneración- (28,1%). Esta cifra es similar a la mencionada por Randazzo en la entrevista.

Sin embargo, especialistas en estadística y mercado laboral indicaron a Chequeado que esta cifra incluye a trabajadores calificados que estrictamente no se consideran “informales”, como los profesionales independientes.

Nuria Susmel, especialista en temas laborales de la Fundación FIEL, dijo a este medio: “Si se considera a todos los cuentapropistas como informales, se llega a casi el 50%. La idea que subyace detrás de la informalidad es el empleo de baja productividad, y lo cierto es que no todos los cuentapropistas son trabajadores de baja productividad”.

“En algún momento la Organización Internacional del Trabajo (OIT) excluía a los profesionales cuentapropistas de los informales. Es decir que, si uno mira informalidad al estilo OIT, debería sacar a todos los autónomos de los informales; y a parte de los monotributistas -alrededor de un tercio, como mínimo-, del empleo de baja productividad”, señaló la economista.

Susmel elaboró un cálculo propio sobre la informalidad laboral basado en datos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales del INDEC y del Ministerio de Trabajo de la Nación, que indica que en 2020 el 37,6% de los trabajadores no estaban registrados.

Fuente: Nuria Susmel, economista de la fundación FIEL.

Por su parte, Jorge Paz, doctor en Economía y en Demografía e investigador principal del Conicet, calculó que la informalidad alcanza al 45,5% de los trabajadores, lo que incluye a los asalariados no registrados y los cuentapropistas no profesionales.

“En la EPH se pregunta qué tipo de calificación supone la tarea que realizan los trabajadores. Los que realizan tareas profesionales no se consideran informales, dado que esa categoría incluye, por ejemplo, a médicos y abogados, que son trabajadores independientes”, señaló.

Por lo tanto, es discutible decir que “el 51% de los argentinos están en la informalidad”, como afirmó Randazzo, dado que existen diferentes criterios para medir la informalidad laboral y, dependiendo cuáles se utilicen, el resultado difiere. Si se considera como formales solo a los trabajadores con descuento jubilatorio, la frase es verdadera. En cambio, si no se considera como informales a los trabajadores cuentapropistas profesionales, la frase es falsa.

Sobre drogas: “Solamente el 11% [de las causas] son de aquellos que en realidad lucran con eso”.

VERDADERO

Chequeado consultó al equipo de Prensa de Randazzo, desde donde enviaron la captura de un informe en la que se señala que “las autoridades del Ministerio reportaron que ‘el 89%’ de las causas por drogas fueron iniciadas por tenencia u otros delitos leves, ‘y sólo el 11% por delitos graves’, es decir, contrabando, organización y financiación o comercialización de drogas”, en base al último informe (2019) del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad nacional.

Según el informe del SNIC -que recoge la información aportada por las policías provinciales y fuerzas policiales y de seguridad federales-, en 2019 (último dato disponible) un 11% de las infracciones fueron agrupadas en delitos como la siembra y producción de estupefacientes (821), comercialización y entrega de estupefacientes (6.519), tenencia o entrega atenuada de estupefacientes (1.299), desvío de importación de estupefacientes (1.439), organización y financiación de estupefacientes (208), confabulación de estupefacientes (107) y contrabando de estupefacientes (554).

Además, el 53,7% de las infracciones fueron por tenencia simple atenuada para uso personal; y el 12,5% por tenencia simple de estupefacientes, porcentajes que suman un 66% entre estas 2 causas. Si se agregan otros delitos previstos en la norma (22,7%), el porcentaje llega al 89%.

Ese 89% se desagrega en 52.647 delitos por tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes, 12.219 por tenencia simple de estupefacientes -casos en los que no se puede determinar la intención de esa tenencia-; y 22.224 en otros delitos previstos en la norma, aunque el informe no aclara a qué tipo de delitos se refiere.

Respecto a esa última categoría, Angela Oyhandy, directora Nacional de Estadística Criminal, explicó en 2020 al sitio Nuestras Voces que se realizó un relevamiento que incluyó entrevistas en las áreas de estadísticas de las fuerzas federales para determinar qué otros delitos se incluían en esa categoría. “Ahí vimos que en general prevalecían 2 tipos de situaciones: o bien no podían determinar si era una tenencia para consumo personal o simple o también, en algunos casos, había dudas entre las figuras de tenencia y comercialización. En algunas fuerzas, era directamente una categoría residual”, explicó.

Florencia Corbelle, antropóloga, investigadora del Conicet y especialista en drogas, señaló en el informe “La ley de drogas en números” que “el 66% de los hechos registrados en 2019 por las fuerzas de seguridad por infracción a la ley de drogas no estuvieron relacionados con la venta y es probable que este porcentaje sea aún mayor” por la cantidad de infracciones registradas en “otros delitos”.

Una tendencia de hace años

“En líneas generales, las causas de estupefacientes siempre recayeron en gran medida sobre las personas usuarias, en parte porque la cantidad de causas contra las personas usuarias se inician por iniciativa de las fuerzas de seguridad. Siempre la política criminal estuvo orientada hacia lo pequeño. Se pone el acento en las personas usuarias y en los pequeños comerciantes, que son actores fungibles, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad”, señaló Alejandro Corda, abogado y especialista en Derecho Penal de los Estupefacientes.

La cantidad de “hechos presuntamente delictuosos” vinculados a la ley de drogas registrados por las fuerzas de seguridad de todo el país crecieron exponencialmente en los últimos años. Este aumento se explica principalmente por el incremento que se ha producido en los hechos registrados como ‘tenencia simple atenuada para uso personal’”, señaló Corbelle.

En 2018, Chequeado verificó que el fiscal Federico Delgado presentó un informe estadístico sobre el tipo de causas que ingresan y allí se demostró que el 68% de las causas que ingresaron durante ese período fueron por consumo de drogas.

Esto sucede pese a que la penalización de la tenencia para consumo personal fue declarada inconstitucional en 2009 en el fallo “Arriola”. “Un fallo de la Corte dijo que perseguir la tenencia para consumo personal iba en contra de la Constitución. Esto produjo que los tribunales cambiaran su criterio respecto de las causas pero, luego del fallo del 2009, las prácticas de las policías continuaron, se siguieron deteniendo usuarios”, explicó el especialista.

“Las causas por tenencia para consumo personal siguen siendo el principal porcentaje, el mayoritario, en un contexto donde hace más de 10 años la Corte dijo que no se tenía que perseguir”, precisó Corda.

“Más allá de los números que pueden ser más o menos precisos es fundamental comprender que, si se sigue persiguiendo a los consumidores, nunca va a poder abordarse un control del narcotráfico que sea efectivo y que sirva para reducir el negocio de la droga”, opinó en diálogo con Chequeado Tobías Schleider, investigador del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y consultor internacional en seguridad ciudadana.

Las frases que impulsan este chequeo fueron buscadas de manera automática, y luego seleccionadas por periodistas, a través de “Chequeabot”, el nuevo sistema de automatización desarrollado por Chequeado.