Alberto Fernández: “Propusimos un ajuste de tarifas siguiendo una ley que votaron los que ahora (desde el kirchnerismo) se han opuesto”

Durante su reciente gira europea, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó una entrevista al diario El País, de España, y fue consultado por los aumentos en las tarifas energéticas y el debate interno que atraviesa el Frente de Todos por esta política.

“Algunos sectores del Gobierno, los kirchneristas, (…) se oponen al ajuste de tarifas para subir el precio de la energía retirando subvenciones”, preguntó el periodista Carlos Cué, del diario español. El Presidente respondió: “Nosotros propusimos un ajuste de tarifas siguiendo una ley que votaron los que ahora se han opuesto, que planteaba ajustarlas por un coeficiente de variación salarial, que es lo que hemos hecho”.

Lo que dijo Fernández es verdadero. La propuesta de segmentación presentada por el Gobierno nacional en audiencias públicas es similar a la ley impulsada y aprobada por el kirchnerismo en 2018, y luego vetada por Mauricio Macri (Cambiemos), e incluso propone un tope de aumento más bajo y una segmentación que excluye de ese beneficio a los usuarios de mayor poder adquisitivo.

¿Cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional?

En el informe técnico presentado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético, a cargo de Santiago López Osornio y que se encuentra en el Ministerio de Economía nacional, se informaron consideraciones que van en línea con lo dicho por Fernández: “Cualquier modificación al esquema tarifario debe resguardar la razonabilidad que fuera prevista en la Ley N° 27.443 sancionada el 31 de mayo de 2018 y vetada de forma inmediata”.

Como se explica en esta nota, la propuesta divide a los usuarios en 3 subgrupos. En primer lugar, un segmento al que corresponde la aplicación de la tarifa social, que debe tener una actualización sensiblemente menor a la variación de sus ingresos “para que puedan recomponer de forma más significativa sus ingresos reales”. Por eso, los aumentos no deben superar el 40% de la variación que tuvo el CVS en 2021. Este índice, que elabora el INDEC, creció un 53,4% por lo que los incrementos para usuarios de tarifa social no deben superar el 21,4% (que representa el 40% de ese 53,4% que se incrementó el CVS).

En segundo lugar, menciona un segmento intermedio que, “si bien está en condiciones de afrontar mayores incrementos, también debe procurarse la recuperación de sus ingresos”. En este segmento los aumentos no deben superar el 80% de la variación que tuvo el CVS. Es decir que las tarifas no deben incrementarse en más de un 42,7%.

Por último, “se considera que existe un segmento asociado al 10% de hogares con mayor capacidad de pago que está en condiciones de afrontar el costo pleno de generación sin necesidad de ser beneficiario de subsidios”.

El uso de este coeficiente salarial para el ajuste de tarifas energéticas fue incluido también en el acuerdo que el Gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo último.

¿A qué ley se refiere el Presidente?

Como menciona el informe técnico, en 2018 el Congreso nacional aprobó una Ley de Emergencia Tarifaria. Aquella propuesta, además de declarar la emergencia tarifaria, disponía que a partir de noviembre de 2017 y para los años 2018 y 2019 los aumentos tarifarios no podían exceder el CVS, aunque exceptuaba de la aplicación de este artículo a los usuarios residenciales de mayor consumo, tanto para el gas como para la electricidad.

Esa ley, sin embargo, fue vetada por el entonces presidente Macri el 31 de mayo de 2018 y nunca entró en vigencia.

A diferencia de la ley vetada, la actual propuesta del Gobierno dispone de un tope más bajo en relación con los aumentos: mientras que el proyecto aprobado en 2018 establecía como límite el CVS, actualmente se busca imponer un límite del 80% de ese coeficiente para los usuarios en general, y de un 40% para los beneficiarios de la tarifa social.

En tanto, la ley preveía que los usuarios de mayores consumos quedaran excluídos del tope de aumentos, mientras que en la propuesta actual se presentó un esquema de segmentación que incluye factores patrimoniales y residenciales para definir si un usuario dejará de recibir subsidios.

Santiago Urbiztondo, economista Jefe de la Fundación FIEL, señaló a Chequeado que “la ley pretendía acentuar la discriminación por consumo: aumentaba menos las tarifas de los consumos hasta las categorías medias, y permitía aumentar más las tarifas para los consumos de las categorías más altas”.

Y detalló que la propuesta actual excluye de los topes de aumento a los usuarios de mayores ingresos. “Esta segmentación está orientada a focalizar la exclusión en los ricos, no en los consumos”, aseguró.

En su discurso ante el Congreso el 1° de marzo último, Fernández ya se había referido a esta ley: “Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios. Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de la Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente, Mauricio Macri”.

En cuanto a la tarifa social, la ley vetada creaba un Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la Tarifa Social, pero -según confirmó a este medio el ex diputado nacional Diego Bossio, coautor del proyecto- dejaba en manos del Ejecutivo “establecer un cuadro tarifario diferencial” para ese grupo de usuarios. En la propuesta actual, en tanto, el incremento será del 40% del CVS, la mitad que para el resto de los usuarios.

¿Quiénes votaron esa ley?

Primero, la Ley N° 27.443 fue tratada en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí, el proyectó tuvo media sanción con 133 votos afirmativos, nutridos principalmente de los diversos bloques peronistas que integraban la Cámara baja. De ese total, 63 votos vinieron del Frente para la Victoria -cuyo titular era Agustín Rossi y 2 de los integrantes eran Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense, y Darío Martínez, actual secretario de Energía de la Nación-; 18 del Bloque Justicialista, liderados por Diego Bossio; 16 del Frente Unidos por una Nueva Argentina, referenciado en Sergio Massa; 4 de Peronismo para la Victoria y 4 de Unidad Justicialista.

Los 28 restantes provinieron de bloques de partidos provinciales aliados al peronismo o de otras fuerzas no peronistas que apoyaron la ley, como el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los bloques oficialistas (PRO, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica) votaron en contra del proyecto.

El 30 de mayo, el Senado convirtió en ley el proyecto con 37 votos afirmativos. Los votos provinieron del bloque de Argentina Federal (23), que presidía Miguel Pichetto, por entonces enfrentado al gobierno de Cambiemos; el Frente para la Victoria (9), referenciado en la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que votó a favor; y otros bloques provinciales.

Las críticas internas

En la actualidad, la oposición a la propuesta oficial proviene de otra subsecretaría que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Energía: la Subsecretaría de Energía Eléctrica, a cargo de Federico Basualdo, un funcionario que, dentro de la interna del Frente de Todos, está más cerca de la Vicepresidenta y rechaza la política tarifaria que promueven el Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

Esta subsecretaría presentó un informe técnico con críticas a la propuesta oficial elaborada por la otra subsecretaría del mismo gobierno. Sobre la quita de subsidios al 10% de mayores ingresos, señaló que no se sabe “cómo se va a identificar a esos usuarios” y que no está definido si los ingresos van a ser por “usuario o grupo familiar”, entre otros problemas.

Sobre el segmento intermedio, señala que el tope del 80% del CVS resulta “genérico”, ya que al ser competencia de cada provincia el establecimiento del Valor Agregado de Distribución, el impacto sería muy distinto dependiendo de la distribuidora y de la categoría de usuario.

Sobre la tarifa social, señala que la propuesta “parece no considerar la reglamentación y financiación actual de la tarifa social”, ya que desde la aprobación del Consenso Fiscal 2018 cada jurisdicción tiene a cargo la financiación de una tarifa diferencial. “Esta situación produciría, probablemente, tensiones presupuestarias en las provincias y demandará un nuevo acuerdo fiscal”, señala el documento.

Pero, volviendo a la frase de Fernández, quien dijo que “nosotros propusimos un ajuste de tarifas siguiendo una ley que votaron los que ahora se han opuesto”, esta es verdadera, dado que la propuesta de segmentación presentada por el Gobierno en audiencias públicas es similar a la ley impulsada y aprobada por el kirchnerismo en 2018, y luego vetada por Macri, e incluso propone un tope de aumento más bajo y una segmentación que excluye de ese beneficio a los usuarios de mayor poder adquisitivo.

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