¿Se cumple la Ley de Bosques?

En plena emergencia forestal, en marzo de 2007, el entonces presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Miguel Bonasso, denunció el intento de boicot a la aprobación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Finalmente el texto se convirtió en ley en diciembre y recién en febrero de 2009, luego del alud que se produjo en Tartagal (Salta), el Poder Ejecutivo la reglamentó. A cuatro años de su sanción, para los especialistas la ley es un gran paso para fomentar el desarrollo sustentable pero señalan que se destinaron menos fondos de los que establece el texto.

Se trata de una norma que establece la suspensión de nuevos permisos de desmontes hasta que cada provincia realice el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos (OTBN) en forma participativa; obliga a hacer un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte; exige respetar los derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan, y crea un fondo para la protección de los bosques.

Consultada en una entrevista en Página 12, Silvia Révora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, subrayó: “La Ley de Bosques es una ley pionera. Que el Estado pague por los servicios ambientales de los bosques nativos nunca se había dado en Latinoamérica”. No obstante, admitió que su aplicación ha tenido dificultades, como en el caso de la asignación presupuestaria.

La ley 26.331 crea en su artículo 31 el Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques Nativos (FNCBN), cuyas principales fuentes de financiamiento son: las partidas presupuestarias que el Ejecutivo asigna anualmente, “las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y el 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal. Además, establece que el fondo será distribuido entre las provincias que tengan aprobado el OTBN por ley y de acuerdo con el porcentaje de bosques nativos declarado por cada jurisdicción.

“A pesar de esto, durante 2008 y 2009 la norma no contó con los fondos correspondientes. Una mínima parte fue incorporada recién en 2010, sustancialmente menor a lo que dicta la Ley de Bosques. Además, una parte de éstos fue reasignada para otros fines, como el Programa Fútbol para Todos (144 millones)”, recordó a Chequeado.com Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Según Carlos Merenson, ex director nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, “esta diferencia surge de comparar los recursos previstos en la ley de los otorgados en los presupuestos anuales y aquellos que corresponden por los derechos de exportación a los productos mencionados.”

Si se toman en cuenta los datos oficiales, es posible comprobar que la asignación fue menor a lo que dicta la norma. Se puede llegar a esa conclusión, incluso, sin tener en cuenta la recaudación por retenciones.

Evolución de los recursos previstos y otorgados en el marco de la Ley de Bosques (2010-2012*)

Fuente: Secretaría de Hacienda – Oficina de Presupuesto y Ley de Presupuesto 2010.
* Presupuesto estipulado en el mensaje del proyecto de ley.

En 2011, ante la falta de aprobación por parte del Congreso de la Ley de Presupuesto Nacional, se repitió la partida establecida el año anterior, con lo que el fondo volvió a ser inferior a lo estipulado por la norma.

Por su parte, el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2012 destina una partida de $ 267.467.000 al FNCBN, y $ 32.618.000 para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (lo que totaliza $ 300.085.000). “Esto significa que la suma asignada para la protección de los bosques nativos durante el año 2012 sería aproximadamente 5 y 7 veces menor a lo establecido en la legislación vigente”, destacó Pablo Herrera, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre.

Otro de los problemas del cumplimiento de la ley está relacionado con el ordenamiento territorial. Diecisiete provincias lo han realizado y refrendado mediante una ley provincial. Sin embargo, Giardini enfatizó: “Algunas provincias, como Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, están autorizando la realización de desmontes selectivos para la aplicación de sistemas silvopastoriles en los bosques nativos clasificados en la Categoría II (amarillo), los cuales según la norma sólo pueden ser utilizados para el aprovechamiento sostenible, el turismo y la recolección e investigación científica”.

Según un informe sobre deforestación de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente, entre 1987 y 2008 la superficie de bosques autóctonos se redujo en un 12 por ciento. Eso generó mayor preocupación en el norte argentino, donde las provincias de Salta, Santiago del Estero y Chaco concentran la mayor cantidad de hectáreas con especies nativas, pero al mismo tiempo presentan las tasas de deforestación más altas, como señala un documento de Greenpeace Argentina.

En el informe “Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina”, elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente, señala que las principales causas de estas tasas son el avance de la ganadería intensiva a partir de mediados de la década del 90, y la implantación de pasturas, que implica la destrucción del futuro bosque.