Urbanización de barrios populares: una deuda que trasciende a los gobiernos nacionales

La urbanización de barrios populares sigue siendo uno de los desafíos pendientes del país. A pesar de estar incluido entre los objetivos comprometidos por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su último discurso de apertura de sesiones del Congreso, su política en la materia aún no permite vislumbrar un cambio contundente respecto de las administraciones anteriores. Si bien se avanzó con obras en más de 400 villas y asentamientos, no se produjo una intervención integral masiva sobre el territorio nacional, lo que hubiera generado soluciones de fondo, según coinciden especialistas consultados por Chequeado.

La actual gestión encaró las acciones tendientes a la urbanización de barrios populares a través de la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU), financiada principalmente por el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso público administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que recibe parte de lo recaudado por el impuesto PAIS y por el gravamen a las grandes fortunas. A estas fuentes se suman también aportes del Tesoro y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según información que la SISU facilitó a este medio, a la fecha el Gobierno avanzó con 389 intervenciones en 422 barrios. Del total de proyectos -que mayormente comprenden la ejecución de obras de infraestructura básica- sólo se concluyó el 7%, mientras que en el 41% de los casos los trabajos están sin iniciar.

Debates

Urbanizar un barrio popular es mucho más que llevar conexiones eléctricas a un pasillo, construir un playón deportivo o ejecutar veredas y arbolado en una manzana, como plantean los proyectos actualmente en marcha. Significa, según apuntó el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Pablo Vitale, “igualar las condiciones de vida de sus habitantes con las del resto de la ciudad”. Comprende, a la par de un conjunto de obras físicas, abordar cuestiones sociales, productivas y culturales.

En este punto, surge entonces un interrogante: ¿qué quiso decir el presidente Fernández cuando el 1° de marzo de 2021 dijo ante el Congreso que avanzaría con la urbanización de 400 barrios populares? Ante la consulta de Chequeado, desde la SISU negaron que se haya querido generar intervenciones como la señalada por Vitale (que guarda similitud con la definición de la Ley 27.453 de Barrios Populares y con los Lineamientos para la Urbanización de Barrios Populares de la ONG Habitar Argentina), sino que la promesa se limitaba a dar un “primer paso”. Si se diera esto por válido, el compromiso asumido por el jefe de Estado igualmente se cumplió a medias, pues en poco menos de la mitad de los casos las obras aún no llegaron al territorio.

Otro punto de debate sobre la política de urbanización del actual gobierno es el grado de ejecución de su presupuesto. Se mencionó anteriormente que el FISU es la principal fuente de financiamiento de la SISU. Por tratarse de un fideicomiso, posee “opacidad para identificar gastos y niveles de ejecución”, según indicó ACIJ en un reciente informe.

Adicionalmente, los datos hasta ahora revelados por la SISU hablaron siempre de fondos “comprometidos” y no “ejecutados”, tal como denunciaron el ex secretario de Vivienda de la Nación Iván Kerr y el ex titular de la SISU Sebastián Welisiejko, ex funcionarios de la Presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos), en una nota de su autoría publicada en el diario La Nación.

Ante el requerimiento de Chequeado, desde la SISU exhibieron cifras pertenecientes al informe de gestión 2021, que será presentado en las próximas semanas. Se indica allí que “el presupuesto del FISU según Ley 27.591 para el ejercicio 2021 fue de $20.106,33 millones y se ejecutaron $20.410 millones”, es decir una sobreejecución presupuestaria del 101%. Aclararon que el aporte del impuesto a las grandes fortunas ingresó el 30 de mayo de 2021, por lo que su ejecución anual “hay que medirla al 30 de mayo de 2022”.

Así las cosas, el “monto comprometido -continuaron desde la SISU- es mayor e incluye la totalidad de los ingresos 2021, resultando ser de $64.888 millones”.

Por fuera de estas intervenciones, en el organismo destacan también el avance del programa Mi Pieza, que brinda asistencia económica para refacciones, mejoras y/o ampliaciones de viviendas y tiene como destinatarias exclusivas a mujeres residentes en barrios populares. A la fecha, hay 105.024 beneficiarias, a quienes se les asignaron $ 24.775.260.000 (53% ya está ejecutado).

Una precariedad que se profundiza

Al no avanzar en la urbanización integral, se corre riesgo de que los asentamientos precarios y las villas sigan en aumento. Si bien recién en 2017 -merced a un acuerdo político, que incluyó a los movimientos sociales- se logró visibilizar oficialmente el problema (a través del Registro Nacional de Barrios Populares -Renabap-), diversos estudios publicados con anterioridad dieron cuenta que se trata de una problemática que fue in crescendo en las últimas décadas.

En informes independientes -como los de la ONG Techo- y trabajos académicos -como el publicado por 3 investigadoras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)- se desprende que, lejos de atenderse, el de los barrios populares fue un desafío que resultó inabordable para los distintos gobiernos, al punto de crecer sin posibilidad de frenarlo.

El relevamiento de asentamientos realizado por Techo en 2013 ya mostraba, por ejemplo, que con el correr de los años se fueron generando cada vez más barrios populares, algo que terminó corroborando el Renabap. El estudio realizado desde la UNR (publicado en 2010) reveló, por su parte, que las políticas desarrolladas por el gobierno municipal -que emprendió el programa Rosario Hábitat, destacado por Vitale- no alcanzaron para enfrentar la situación, puesto que al tiempo que se llevaba adelante “surgían nuevas villas y crecían otras, en población y/o superficie”.

Por fuera de este panorama, aún existen ejemplos en el país de verdaderas urbanizaciones. Un caso es el de Villa Banana, en Rosario, cuya transformación está siendo posible gracias a una intervención integral que logró trascender los desacuerdos de la política y los gobiernos porque se inició durante la gestión del Partido Socialista y continuó con la actual gestión del intendente Pablo Javkin (CREO), y requirió del aval del PRO y del PJ.

El Podcast de Chequeado es un programa diario donde contamos historias con datos. Podés suscribirte en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts.