Reprocann: cómo funciona el registro nacional para el cultivo de cannabis medicinal

Son 87.327 las personas incorporadas al Registro Nacional de Personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (Reprocann), “una base de datos diseñada para poder registrar a aquellas personas que cuenten con las condiciones para acceder a un cultivo controlado de la planta de cannabis, con fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor”, según explica el sitio oficial.

Otras 10.808 presentaciones al registro se encontraban “en evaluación” hasta mediados de julio último, de acuerdo con información a la que accedió el Centro de Datos de Chequeado a través de un pedido de acceso a la información pública.

Las personas incorporadas en este registro pueden tener hasta 9 plantas de cannabis en floración y están autorizadas a transportar hasta 40 gramos de flores secas o 6 unidades de goteros de 30 ml.

Qué sabemos de las personas autorizadas para el cultivo de cannabis

La gran mayoría de las personas que forman parte del Reprocann son de sexo masculino (69.601, es decir el 80%) y 17.455 femenino [N. de la R: se refiere al sexo legal presente en sus documentos nacionales de identidad].

Otras 2 personas figuran con DNI no binario, es decir que en el campo “sexo” de la documentación legal dice “X”. Esto comprende a personas de identidad “no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada”, según el sitio oficial.

Las jurisdicciones con más personas incorporadas al registro son la Provincia de Buenos Aires (36.881), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12.372) y la provincia de Córdoba (7.574). En el otro extremo del espectro, Formosa (147), Jujuy (300) y Santiago del Estero (365) son las provincias con menos representantes locales en el Reprocann.

El 76% de las personas autorizadas para el cultivo del cannabis medicinal tienen entre 18 y 39 años. Hay 194 personas inscriptas en el registro menores de 18 años y 2.542 mayores de 60.

Es que, si bien la inmensa mayoría de los registrados cultiva y prepara derivados para sí, también se inscribieron 1.403 personas que cultivan para familiares o allegados. Además, se aprobaron 141 trámites de redes de pacientes u ONGs autorizados para el cultivo para terceros.

Cómo se creó el registro

En marzo de 2017, el Congreso nacional aprobó la Ley 27.350 que regula el “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”. Si bien una reglamentación inicial limitó el uso legal de esta planta para el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria y la investigación científica, un decreto posterior, ya en la administración de Alberto Fernández (Frente de Todos), amplió el acceso del cannabis a otros pacientes.

“El decreto inicial fue restrictivo; la reglamentación actual no tiene limitación en cuanto a las patologías”, explicó a Chequeado Marcelo Morante, coordinador del Programa de Cannabis Medicinal que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

Los diagnósticos más frecuentes por los que es indicado el uso de cannabis medicinal son: estrés laboral, bruxismo, trastorno de ansiedad, insomnio, dolor crónico muscular y migraña, según informó la cartera a este medio.

Al Reprocann pueden inscribirse aquellas personas que cuenten con una indicación médica y realicen un trámite ante el Ministerio de Salud de la Nación. Este último incluye la presentación de un consentimiento informado bilateral (es decir, paciente y médico/a) y una declaración jurada. La autorización tiene una vigencia de un año y, una vez vencida, puede volver a tramitarse.

“El cannabis mejora el sueño y el Reprocann también porque entonces las y los cultivadores no tienen miedo a ser detenidos; y creo que esto es muy importante. Se abre todo un espacio que, si bien era legítimo, la legalidad genera una tranquilidad diferente”, señaló a Chequeado Silvia Kochen, médica, investigadora principal del Conicet y coordinadora de la Red de Cannabis Medicinal (RACME).

Sobre el trabajo de la Red, Kochen aseguró que “un aspecto muy importante es empezar a contribuir con evidencia científica sobre los resultados del cannabis en diferentes patologías a partir de estudios observacionales, con protocolos de trabajo serios. Esto va a ser un aspecto muy importante para que entonces el uso del cannabis en la salud humana sea considerado por las obras sociales, por los ministerios, para aquellos pacientes que no tienen obra social y que tengan cobertura para este tipo de tratamientos”.

“Es importante que acá no nos pase como está ocurriendo en algunas otras partes del mundo, donde inclusive el cannabis es legal, como en Uruguay y muchos estados de Estados Unidos, pero lo consideran como un suplemento dietario entonces el Estado no se hace cargo, las obras sociales no se hacen cargo, y solamente está al alcance o es accesible para aquella gente que tiene dinero. Es importante que se consolide”, agregó la investigadora.

Las barreras locales

En diálogo con este medio, Valeria Salech, fundadora de la ONG Mamá Cultiva, explicó que la implementación del registro no estuvo exenta de dificultades: inicialmente “la plataforma se cayó y estuvo frenada durante un tiempo”; después hubo problemas con la identificación de los DNIs. Sin embargo, destaca que es una “política implementada en evolución contínua, que siempre fue mejorando aunque con los tiempos del Estado”.

“Lo que está faltando es formación, es necesario hacer hincapié en la capacitación dentro del sistema de salud. Ahora lo que está ocurriendo es que no encontras médicos que sepan de los tratamientos con cannabis o que hagan el trámite de autorización en el Reprocann”,  agregó Salech.

Como reflejamos en esta nota unos meses atrás, cuando las personas autorizadas en el registro eran 52.422, otras 46.017 estaban esperando la “vinculación con el médico tratante” que certificara que el tratamiento había sido autorizado por un profesional de la salud.

Además, el alerta ante la falta de capacitación que ve Salech también se dirige a las fuerzas de Seguridad, frente a casos de personas inscriptas en el Reprocann pero que de todas maneras enfrentan trabas legales. Según destaca, la persecución legal “es arbitraria según la jurisdicción”.

“Es necesario que el cambio de paradigma penetre en la columna del Estado. No solo el ministerio de Seguridad, de Justicia”, concluyó.