Por qué se suspendió el sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires

Un fallo judicial suspendió el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) de la Ciudad de Buenos Aires. La medida, tomada por el juez Roberto Gallardo a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2, responde a una acción de amparo presentada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA). 

Por su parte, en las últimas horas, el Gobierno porteño recusó al magistrado por considerarlo parcial y porque entiende que “ha excedido notoriamente sus facultades”, según consta en la presentación oficial.

El sistema de reconocimiento facial funciona en la Ciudad de Buenos Aires desde 2019 y tiene como objetivo identificar personas con orden de detención de la Justicia, como se explicó en esta investigación de Chequeado.

Para ello, utiliza las imágenes en vivo obtenidas por las cámaras de video instaladas en la vía pública y las compara con las fotos de las personas buscadas por la Justicia. El listado de prófugos forma parte del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C), que depende Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y esa información es complementada con datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que forma parte del Ministerio del Interior de la Nación.

Según informaron a este medio desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde la puesta en marcha del sistema, 1.695 personas fueron identificadas y puestas a disposición de la Justicia.

El observatorio considera que el sistema viola la privacidad y la intimidad de las personas y es capaz de ejercer discriminación, según indicó a Chequeado Rodrigo Iglesias, abogado miembro de ODIA y apoderado en la causa. Su presentación ante la Justicia fue apoyada por ONGs como Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la fundación Vía Libre, entre otras.

En diálogo con este medio, Iglesias también indicó que, de acuerdo con la normativa nacional e internacional, antes de la puesta en marcha de este sistema se debería haber hecho un estudio de impacto que, según indica, no existió. 

Consultas cuestionadas al Renaper

Además de suspender el sistema de reconocimiento facial, el juez Gallardo realizó allanamientos en oficinas públicas del Gobierno de la Ciudad. En su fallo, el magistrado señala que desde la Ciudad se hicieron consultas a la base de datos del Renaper que exceden la búsqueda de prófugos.

En principio indica que mientras la base de la Co.Na.R.C (rebeldías y capturas) tiene entre 35 mil y 40 mil registros, desde la Ciudad se hicieron más de 9 millones de consultas a la base del Registro Nacional de las Personas.

Además, destaca las consultas en las que se solicitaron datos de figuras públicas como el Presidente y la Vicepresidenta de la Nación; otros políticos del oficialismo y la oposición como la presidenta del PRO Patricia Bullrich y la diputada Myriam Bregman (FIT); dirigentes sociales como Juan Grabois y de Derechos Humanos como Estela De Carlotto y Hebe de Bonafini; empresarios como Marcos Galperín (Mercado Libre) y Hugo Sigman (Insud); funcionarios judiciales como el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y la fiscal Gabriela Boquin; y periodistas como Gustavo Sylvestre y Eduardo Feinmann, entre otros.

Ante esto, Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, indicó en una conferencia de prensa que estas consultas a la base nacional se trataron de “validaciones de identidad” relacionadas con trámites realizados ante la Ciudad como la certificación del domicilio o de supervivencia, una denuncia; o en el marco del programa “tribuna segura” en las canchas de fútbol. También abrió la posibilidad de que se haya tratado de consultas relacionadas con los testeos y la vacunación contra el COVID-19.

“Cuando alguien se metía a sacar un permiso para circular en época de COVID, se validaba la identidad (…) Cuando alguien llamaba al SAME, al principio, el único sistema que estaba era el sistema integral de seguridad. Lo que se hacía era validar identidad con el Renaper”, señaló el funcionario porteño y agregó: “Es mentira que se extraen datos biométricos, se hacen consultas”.

Desde el Gobierno de la Ciudad también indicaron que el sistema de reconocimiento se suspendió al inicio de la pandemia porque el uso de los barbijos impedía su correcto funcionamiento. 

Los cuestionamientos previos al sistema

ODIA no es la única organización que se ha pronunciado en contra del uso de este mecanismo. En 2019, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el sistema de reconocimiento facial. En marzo último, esta presentación fue rechazada por el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, al momento de la puesta en marcha del sistema, en el marco de una visita oficial al país, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, se pronunció sobre el tema.  

“Soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la Justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud”, indicó.