La Argentina se estancó en un índice internacional de percepción de la corrupción en 2022

En 2022, la Argentina mantuvo el mismo puntaje que en 2021 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora la ONG internacional Transparencia Internacional.

Según el último informe publicado por la organización, nuestro país logró 38 puntos sobre 100 posibles. Con el mismo puntaje que el año anterior, la Argentina quedó en el puesto 94 sobre un total de 180 países y terminó por debajo del promedio mundial (ubicado en 43 puntos).

Aunque el país subió 2 puestos en el ranking total respecto de 2021 –cuando cayó 18 puestos respecto al año anterior- el cambio actual no se debió a una mejora de las políticas nacionales sino, más bien, al empeoramiento de otros países, según explicaron desde la organización Poder Ciudadano, a cargo del capítulo local de Transparencia Internacional.

El peor puntaje del país fue en el 2015 (último año de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner), cuando la Argentina obtuvo 32 puntos.

“Argentina se mantiene hace muchos años en un nivel de percepción de la corrupción muy alto y eso no va a cambiar si no se hace algo al respecto. La Argentina desde el 2016, que sancionó la Ley de Acceso a la Información Pública, no volvió a discutir en el Congreso ninguna normativa que tenga que ver con la transparencia o la lucha contra la corrupción”, reflexionó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, en diálogo con Chequeado.

Y agregó: “Las instituciones de control siguen algunas con poca independencia, otras con actividades muy politizadas. Si no tenes buenas leyes, o no cumplís con las leyes que tenés, y las instituciones no tienen la independencia que deben tener, Argentina va a seguir en el mismo nivel de corrupción que vemos continuamente”.

Sobre el IPC, Secchi señaló que es “un índice muy consultado por inversores y por organismos internacionales”, y que Argentina “se sigue viendo como un país corrupto”. 

Para el director de Poder Ciudadano: “Cuando alguien tiene que invertir decide invertir en países en los cuales las reglas son claras y este índice se traduce en tener un nivel de corrupción muy malo, que la calidad institucional es mala y que la calidad de vida de los ciudadanos termina siendo afectada por la corrupción”.

La situación en el resto del mundo

A nivel mundial también se observa un estancamiento. Según el análisis de Transparencia Internacional, el 95 % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017.

En 43 de los 180 países, el promedio global del IPC sigue sin mostrar variaciones, por undécimo año consecutivo, y más de las 2 terceras partes de los países tienen un problema grave de corrupción y una puntuación inferior a 50, explica la organización internacional.

Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) se ubican en los primeros 3 lugares del índice, al igual que en la edición anterior. En el otro extremo, Somalia ocupa el último lugar con apenas 12 puntos, mientras que Sudán del Sur y Siria sólo obtuvieron 13 puntos, así como en 2021.

En América Latina el país mejor ubicado es Uruguay (14°, con 74 puntos), seguido por Chile (27°), Costa Rica (48°), Colombia (91°) y la Argentina, que obtuvo el mismo puntaje que Brasil (38). En el puesto 177°, Venezuela (14 puntos) aparece como el peor país de la región.

La metodología del ranking

El IPC clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

“La puntuación de cada país se calcula a partir de un mínimo de 3 fuentes de datos tomadas de 13 estudios y evaluaciones. Estas fuentes de datos proceden de diversas instituciones de prestigio, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial”, explica Transparencia Internacional.

Los datos recogen casos de sobornos, malversación de fondos públicos, funcionarios que utilizan su cargo público para obtener lucro personal sin afrontar las consecuencias, capacidad de los gobiernos para prevenir la corrupción en el sector público, excesiva burocracia en el sector público que puede incrementar las oportunidades de ejercer la corrupción, nepotismo en los nombramientos de funcionarios públicos y acceso a la información sobre asuntos públicos de interés ciudadano y actividades de gobierno, entre otros.