El caso de la niña de 12 años abusada en Santa Fe y otros obstáculos para el acceso efectivo al aborto legal

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) por el caso de una niña de 12 años embarazada producto de una violación a la cual se le habría obstaculizado el acceso a un aborto legal.

Según señalan los funcionarios, la chica y su madre habían recibido atención médica y asesoramiento sobre sus opciones legales y habían dado su consentimiento informado para acceder a una interrupción legal del embarazo (ILE).

Sin embargo, no se presentaron a la cita acordada para realizar el procedimiento médico en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. El Gobierno santafecino asegura que miembros de la Asociación Civil Amigos de Grávida “a través de distintas acciones obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”.

“El 2 de enero la niña tenía turno para una ILE, con el consentimiento suyo y de su madre. Cuando no llegaron al hospital intentamos comunicarnos pero no pudimos dar con su paradero”, explicó a Chequeado Jorgelina Donatti, delegada regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe que trabaja en la zona en donde vive la niña.

Según explicó Donatti, cuando las autoridades supieron que la chica estaba en una clínica privada de la ciudad de Santa Fe presentaron una medida de protección excepcional de urgencia ante un tribunal de turno, amparados en el artículo 58 bis de la Ley N° 13.237.

La medida se ejecutó el martes 3 de enero al mediodía y se llevó a la niña y a su madre al hospital público. En ese contexto “se realizaron entrevistas en donde surgen los nombres de las personas que intervinieron en la obstaculización de la llegada al hospital”, agregó la funcionaria. Según indicó, esta información fue presentada ante la justicia.

Donatti agregó que la niña se encuentra bajo la protección del Estado, junto a su madre; pero no dio a conocer si accedió al aborto legal o no. Por su parte, el padre de la niña, acusado de la violación que produjo el embarazo, fue detenido y ya fue formalmente imputado por abuso sexual agravado.

La asociación Grávida, en tanto, emitió un comunicado en el que aseguró que, en este caso, “el modo de acompañar ha ido por un carril completamente diferente al que algunos medios de comunicación informaron”.

“¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando”, se añadió en el comunicado firmado por el “Equipo Nacional de Coordinación” de la asociación.

Es importante recordar que la ILE o el aborto no punible en casos de violación está contemplado en el Código Penal argentino en su artículo 86 desde 1921 y, ante cuestionamientos, esta interpretación fue refrendada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L de 2012.

Las barreras de acceso a nivel nacional

Entre 2021 y 2022, el Ministerio de Salud de la Nación intervino en 73 oportunidades frente a posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a una IVE/ILE, según se informó en los respectivos informes anuales “ImplementAR”.

Ante llamados a la línea telefónica Salud Sexual (0800-222-3444) donde se alegan posibles barreras para el acceso a una IVE/ILE, la cartera interviene de distintas maneras, ya sea a través de actuaciones administrativas o comunicación directa con autoridades nacionales o provinciales, entre otras medidas.

La jurisdicción en la que más intervino el ministerio es Salta (13), seguida por la Provincia de Buenos Aires (9) y Mendoza (5). En estos registros no se identificaron intervenciones en Santa Fe.

Con respecto a la provincia norteña, un informe reciente realizado por el capítulo argentino de Amnistía Internacional detectó una baja disponibilidad de efectores (ejemplo: hospitales, centros de salud) y de profesionales de la salud que garanticen el acceso a una IVE, tanto en el sector público, como en el privado y el de la seguridad social (obras sociales), entre otras deficiencias.

Además, en Salta, en agosto de 2021, se inició un proceso penal contra la doctora Miranda Ruiz por los supuestos delitos de aborto sin causal y sin consentimiento.

Según demostró Ruiz, mientras trabajaba en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad salteña de Tartagal, atendió a una paciente adulta que solicitó un aborto; y el procedimiento fue autoadministrado con medicamentos.

El caso fue condenado por asociaciones como la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) que alertaron sobre los peligros de criminalizar a los profesionales de la salud que garantizan los derechos amparados por ley.

En septiembre último, Ruiz fue sobreseída por la justicia salteña.

La baja cantidad de profesionales de la salud disponibles para garantizar los abortos legales y seguros en distintas zonas del país es identificado como un desafío por el Ministerio de Salud nacional.

“Queremos seguir difundiendo el derecho, a través de la información, que todos conozcan sus opciones, no solo en lugares urbanos”, indicó Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación a este medio, y agregó: “También estamos trabajando para aumentar la cantidad de equipos de salud que hacen la práctica (y que esté disponible) en el primer nivel de atención”.