Apertura de sesiones ordinarias: el vínculo conflictivo entre Alberto Fernández y la Corte Suprema

Última actualización: 01/03/2023

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, inaugurará esta semana las sesiones ordinarias del Congreso. A esta ceremonia suelen acudir los miembros del Gabinete, los legisladores nacionales y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros. En los últimos días, la presencia de los jueces del máximo tribunal generó controversia porque sobre ellos pesa un pedido de juicio político impulsado en el Poder Ejecutivo Nacional.

Esto se explica, en gran medida, por la disputa que atraviesan desde hace algunos meses el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte. Fallos sobre temas medulares, el control del Consejo de la Magistratura y los pedidos de juicio político contra los jueces del máximo tribunal son los 3 ejes sobre los que puede analizarse el actual panorama de enfrentamiento en la cima de 2 de los 3 poderes del Estado nacional. A continuación, repasamos estos aspectos.

La disputa por el Consejo de la Magistratura: capítulo 1

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el año 2021 con un fallo de alto impacto político. Declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura que estaba vigente desde 2006, con 13 miembros. Es el organismo que se encarga de la selección y remoción de los jueces y de la administración del Poder Judicial.

En aquel fallo, el máximo tribunal instó al Congreso a sancionar una nueva ley que contemple un equilibrio entre los distintos estamentos que componen el organismo, como manda la Constitución Nacional, y le dio 120 días al Consejo para que adapte su composición a lo que disponía la ley anterior, derogada en 2006: un organismo de 20 miembros, con el presidente de la Corte a la cabeza. En abril de 2022, de acuerdo con el fallo, Horacio Rosatti asumió al frente del Consejo.

Para el oficialismo, con ese fallo Rosatti se autoproclamó presidente del Consejo y puso en vigencia una ley derogada por el Congreso. El Poder Ejecutivo Nacional envió su propio proyecto de reforma: un Consejo de 17 miembros. El Senado le dio media sanción en abril de 2022, pero en Diputados no alcanzó las mayorías necesarias, por lo que aún no hay nueva ley y sigue vigente la anterior, que había sido derogada.

La disputa por el Consejo de la Magistratura: capítulo 2

El conflicto no terminó ahí. Con la puesta en vigencia de la ley derogada, se amplió la cantidad de representantes de los distintos estamentos en el Consejo, entre ellos, la de legisladores. El Consejo ya contaba con 2 representantes de la mayoría del Senado (Frente de Todos) y uno de la primera minoría (Unión Cívica Radical).

Con el nuevo marco legal, había que sumar a uno por la segunda minoría. El PRO ya había anunciado a Luis Juez, pero el Frente de Todos dividió en 2 su bloque en la Cámara alta: el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Con esta jugada, se atribuyó el derecho de tener 2 consejeros por la mayoría y 1 por la segunda minoría. Así, nombró a Martín Doñate como consejero. Esta jugada fue anulada por la Corte 7 meses más tarde.

Esta semana, con la renovación de consejeros, la Corte tomó juramento a 3 de los 4 consejeros elegidos para integrar el organismo: María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde (Frente de Todos) y Eduardo Vischi (UCR). Sin embargo, se negó a tomarle juramento a Doñate, a quien su fallo había descalificado.

El conflicto con la Ciudad por la coparticipación

El último año también cerró con un fallo que dejó mucha tela para cortar. En diciembre de 2022, el máximo tribunal concedió una medida cautelar en favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa contra la Nación por los fondos de la coparticipación. 

En 2020, el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos) revirtió una medida tomada durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos) y redujo de 3,5% a 2,32% el coeficiente de fondos que debe recibir la Ciudad. El Gobierno de la Ciudad presentó un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte, que aún no resolvió sobre el fondo, aunque dictó una medida cautelar en la que estableció que la Nación debe enviar a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables mientras dure el proceso judicial.

El Gobierno nacional calificó el fallo de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento” y recusó a los jueces del máximo tribunal. También anunció la presentación de un pedido de revocatoria, aunque luego dio marcha atrás y adelantó que pagaría con bonos los montos ordenados por la Corte.

La polémica por los chats y el juicio político

A principios de diciembre de 2022, salieron a la luz unos supuestos chats de Telegram provenientes de un hackeo al teléfono celular de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño. De allí se desprendían presuntos diálogos entre jueces federales, funcionarios porteños, ex agentes de inteligencia y directivos del Grupo Clarín en el que dialogaban sobre cómo evitar la difusión de un viaje a Lago Escondido, la residencia del empresario inglés Jow Lewis, ubicada en la provincia de Río Negro.

Tres semanas más tarde, en la última semana de 2022, se filtró otro chat. En ese caso, aparecieron presuntas conversaciones entre D’Alessandro y Silvio Robles, vocero de Rosatti.

Esta filtración, sumada a todos los enfrentamientos anteriores entre el Poder Ejecutivo y la Corte, derivó en un comunicado emitido por el Presidente de la Nación en las primeras horas del 1° de enero de 2023. “He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, anunció Fernández.

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados ya comenzó el tratamiento y el 9 de febrero último se emitió dictamen aprobando la admisibilidad de los proyectos de juicio político. Juntos por el Cambio lo calificó como “ilegítimo, arbitrario e ilegal”. El oficialismo cuenta con mayoría en esa comisión, pero en los recintos se requieren mayorías especiales. Si los 2 tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. El Senado, por su parte, decidirá por 2 tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado.

El Frente de Todos no cuenta en la actualidad con los 2 tercios necesarios en ninguna de las 2 cámaras. Ni siquiera llega al quórum (la mitad más uno de los miembros), el número mínimo necesario para iniciar las sesiones. El interbloque de Juntos por el Cambio, que posee 116 bancas, ya manifestó que rechaza el pedido de juicio político impulsado por el Presidente.

Actualización 01/03/2023: esta nota fue actualizada con la última información oficial.