A 2 años de la legalización del aborto, se registraron más de 132 mil interrupciones voluntarias del embarazo en el sector público

Entre enero y septiembre último, se registraron 59.267 interrupciones voluntarias y legales de embarazos (IVE e ILE) en el sistema público de salud, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud de la Nación a la que accedió el Centro de Datos de Chequeado.

Este mes se cumplen 2 años de la sanción de la ley que legalizó el aborto. La norma establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir ese proceso hasta las 14 semanas de gestación (IVE) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante (sin plazos).

En todo 2021, se registraron 73.487 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con la información pública actualizada al 31 de julio último. Los datos del último año se fueron actualizando: en una edición previa del mismo informe, publicada en marzo último, se dio cuenta de 9.323 casos menos (64.164).

La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 21 cada mil mujeres, seguida por Tucumán, donde fue de 17,5. Si la se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados en ese período en números absolutos, la delantera la lleva la Provincia de Buenos Aires, con 55.812 IVE/ILEs.

Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Chaco y San Juan, con 4,6 y 3,1 cada mil mujeres, respectivamente.

“Mensualmente, cada provincia le envía a la Nación los registros de las interrupciones que los equipos de salud realizan, ya sea de manera ambulatoria (primer trimestre) o por internación (segundo trimestre)”, explicó a este medio Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación. Y agregó que “se coordinaron con las distintas jurisdicciones una serie de lineamientos” para que la información se recopile de manera uniforme y sea útil como insumo para la política sanitaria.

En relación a la actualización de los datos, la funcionaria señaló que desde la cartera identificaron “mucha demanda de esa información”. Por eso, dijo, “fue una decisión política dar los datos a tiempo real o con unos meses de demoras y después actualizar” y no “uno o dos años después como otra estadística sanitaria”.

Las barreras de acceso al derecho

En 2021, el Ministerio de Salud nacional intervino en 51 oportunidades frente a “posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a IVE/ILE”, informadas a través de la línea telefónica de consultas por Salud Sexual (0800-222-3444).

Salta (10), Buenos Aires (5), Chubut (4), Mendoza (4) y San Luis (4) son las provincias en las que se identificaron más posibles vulneraciones.

Por otra parte, se presentaron 37 demandas contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. De ese total, el 62% se presentaron ante la Justicia Federal, y el 38% ante juzgados provinciales.

Según consta en este análisis, la Justicia rechazó 26 demandas, 4 fueron archivadas y 7 se encuentran a la espera de un pronunciamiento judicial.

Frente a las barreras de acceso efectivo a las IVE/ILE, Isla planteó los principales ejes de trabajo de la cartera. “En primer lugar, queremos seguir difundiendo el derecho, a través de la información, que todos conozcan sus opciones, no solo en lugares urbanos”, indicó la funcionaria y agregó: “También estamos trabajando para aumentar la cantidad de equipos de salud que hacen la práctica (y que esté disponible) en el primer nivel de atención”.

Desde el Ministerio también proyectan profundizar la incorporación de la mifepristona, un medicamento que se utiliza para la realización de estos procedimientos, a partir de la producción de laboratorios privados y públicos. La combinación de la mifepristona con misoprostol es el tratamiento indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la interrupción de los embarazos de manera segura, además produce menos dolor y es más rápido.

Para Silvina Ramos, investigadora del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), en la actualidad existen 2 grandes problemas a resolver: “Las inequidades en el acceso y la calidad en la atención”.

En primer lugar, las disparidades entre las distintas provincias se pueden identificar en la cantidad de instituciones que ofrecen los servicios de IVE/ILE.

Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan son las provincias que tienen una menor relación entre profesionales de salud disponibles para realizar abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Del otro lado del espectro se encuentran Neuquén, La Pampa, Río Negro y Chubut, con mayor oferta, de acuerdo con el último informe del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de la ley y del que participa Ramos.

En diálogo con este medio, la especialista destacó que en esta problemática también influye un “uso abusivo de la objeción de conciencia, por fuera de lo que prevé la ley” y a través de la cual no se respeta la obligación de brindar información adecuada y derivar a otros profesionales de la salud, como así también resguardar la confidencialidad de los pacientes.

En tanto, y en relación a la calidad de la atención, Ramos advirtió: “Todavía se siguen utilizando procedimientos cruentos como el legrado, que es una práctica poco segura y está desterrada de las guías de prácticas”.

El rol de las obras sociales y las prepagas

Las estadísticas públicas sobre los abortos realizados en el país se basan en la cantidad de interrupciones informadas por los centros de salud públicos de cada provincia. Además, el Ministerio de Salud nacional tiene un registro de la distribución y el stock de la medicación que se envía a las provincias.

Sin embargo, estos indicadores no incluyen las prácticas realizadas en el ámbito de la seguridad social (obras sociales) y en el sector privado (empresas de medicina prepaga). Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que el 60% de la población argentina tiene cobertura de obras sociales (incluyendo PAMI) y el 13,6% de prepagas, según refleja un estudio de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS).

Un informe realizado por la edición local de Amnistía Internacional analizó los reclamos realizados ante la Superintendenica de Servicios de Salud de la Nación y la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores por el accionar de estas organizaciones relacionados con el acceso al aborto.

De acuerdo con el relevamiento de Amnistía, desde la sanción de la ley hasta abril de 2022, la Superintendencia recibió 319 reclamos asociados a barreras al acceso al aborto en todo el país. Mientras tanto, hasta el 31 de enero de 2022, la Dirección Nacional de Defensa de las y los consumidores recibió 361 reclamos.

El principal obstáculo denunciado ante ambos organismos fue la “denegación de la práctica”, seguido por la “denegación de la cobertura integral de la práctica”.

Además, el estudio destaca que más de una cuarta parte de los reclamos presentados ante la Superintendencia por barreras de acceso a la IVE presentados por personas con cobertura privada de salud “se resolvieron en el sistema público”.