35 años de democracia: cómo evolucionó la pobreza y por qué es una deuda

El domingo 30 de octubre de 1983, y después de más de siete años de dictadura militar, se realizaron las elecciones presidenciales que consagraron a Raúl Alfonsín como Presidente de la Argentina. El 10 de diciembre de ese año, Alfonsín asumió la Presidencia. Con el objetivo de analizar estos últimos 35 años, desde Chequeado consultamos a nuestros lectores y lectoras cuáles pensaban que eran las principales deudas de la democracia argentina. Siete de cada 10 de los que votaron eligieron a la “Pobreza estructural”.

“La defensa de los derechos humanos no se agota en la preservación de la vida, sino además también en el combate que estamos absolutamente decididos a librar contra la miseria y la pobreza de nuestra Nación”, aseguró Alfonsín en su discurso de asunción. En esta nota, un análisis sobre cómo evolucionó la pobreza desde 1983 hasta la actualidad y qué cosas faltan.

¿Qué es la pobreza?

En la Argentina hay dos mediciones oficiales sobre pobreza. La primera -y más conocida- es la que realiza el INDEC cada seis meses y en la que mide la pobreza por ingresos (es decir, son pobres los que no tengan determinados ingresos como para cubrir una canasta de bienes y servicios básicos).

La segunda es la que realiza el INDEC en los censos (que se hacen cada 10 años) y se trata de una medición multidimensional de la pobreza, las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que analizan la situación de la vivienda, las condiciones sanitarias, si existe hacinamiento y la capacidad de subsistencia, como se explicó en esta nota.

¿Cómo evolucionó la pobreza con cada presidente?

Si se analiza la pobreza estructural, de acuerdo con los datos oficiales del INDEC, viene disminuyendo continuamente desde 1980 -primeros datos disponibles-. En 1980 el 22% de los hogares vivía con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), mientras que en 2010 -último censo- este porcentaje bajó al 9% de los hogares del país.

“Esta baja en la pobreza medida por Necesidades Básicas Insatisfechas se verifica a lo largo de todo el período prácticamente independiente de la coyuntura, del partido gobernante o del modelo económico, con lo cual no pareciera ser el resultado de una política explícita”, explicó a Chequeado Agustín Arakaki, economista investigador del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (CEPED).

Aunque parezca extraño, no es tan fácil saber cómo evolucionó la pobreza por ingresos desde 1983 hasta la actualidad. Hubo cambios importantes en las formas de medirla, se intervino el instituto oficial en 2007 y hasta se descontinuó la medición oficial durante los últimos años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) “por contar con severas carencias metodológicas”. Sin embargo, como destaca Arakaki, “en términos de la pobreza por ingresos no ha habido mejoras en el largo plazo”, como se puede ver en esta nota que repasa la evolución de la pobreza bajo cada Presidencia.

El actual presidente, Mauricio Macri (Cambiemos), pidió ser evaluado por la evolución de la pobreza durante su gobierno. Al asumir en fines de 2015 declaró la emergencia estadística para reorganizar el INDEC y los primeros datos se publicaron a mediados de 2016, con una nueva canasta que hizo incomparable los datos oficiales hacia atrás. ¿Qué mostraron estos nuevos datos? Según esta medición, la pobreza rondaba el 30% en 2016, mientras que en 2017 bajó al 26% (según los datos recalculados por fuentes alternativas este fue el menor dato en, por lo menos, 15 años) y en la primera mitad de 2018 volvió a subir al 27 por ciento.

Mi principal prioridad es reducir la pobreza. Recibimos un país en el que 1 de cada 3 argentinos vive en situación de pobreza o indigencia.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 de marzo de 2017

¿Qué políticas hubo para combatir la pobreza estructural?

En 2015, la Argentina suscribió la Agenda 2030, donde se comprometió a enfocar sus políticas públicas para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se plantearon en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Uno de esos objetivos es “poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”.

¿Qué hace la Argentina en este sentido? Al consultar a distintos especialistas sobre políticas puntuales del Estado argentino, todos destacaron la importancia de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En octubre de 2009, hace nueve años, el gobierno de Fernández de Kirchner creó por decreto este mecanismo, una asignación mensual por cada hijo menor de 18 años para desempleados o empleados en negro (durante el Gobierno de Macri se incluyó también este beneficio para monotributistas).

Roxana Maurizio, economista e investigadora del Conicet, explicó a este medio que este tipo de políticas como la AUH “han sido un complemento importante, fundamentalmente en la reducción de la indigencia o extrema pobreza”.

Pero, además, por cómo se pensó el mecanismo de esta asignación, también busca atacar aspectos más profundos de la pobreza. “Requiere que los menores asistan al establecimiento educativo y cumplan con los controles médicos, lo que a futuro podría contribuir a que los hijos de hogares pobres puedan salir de dicha situación”, explicó Arakaki.

Pero, ¿basta sólo con eso? “Algo que todavía falta en la Argentina es ponernos de acuerdo en qué definimos como pobreza, así podemos determinar qué es lo que más nos importa y empezamos a discutir cómo podemos atacarlo”, sostuvo a Chequeado Jorge Paz, investigador del Conicet y director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Universidad de Salta. Algo similar plantearon Leonardo Gasparini y Walter Sosa Escudero, ambos investigadores del Conicet y del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad Nacional de La Plata, en esta nota publicada en Chequeado.

Por su parte, Maurizio destacó que “las mejoras del mercado de trabajo constituyen el factor principal de reducción de la pobreza” y afirmó que este fue un punto central en la baja de la pobreza post crisis de 2001.

Arakaki, por su parte, marcó tres puntos. En primer lugar, estabilizar la economía y recuperar el crecimiento. El segundo, una política industrial que mejore la competitividad nacional, pero no mediante empeorar las condiciones laborales. Y, finalmente, destacó la importancia de “una política social activa” que sostenga los ingresos de los perdedores de ese proceso de reconversión productiva. Si bien sería algo temporal, debiera apuntar no sólo a sostener sus ingresos sino a la recalificación de esas personas para una inserción laboral efectiva y plena, concluyó.