Pistolas taser: qué son, cómo funcionan y qué pasó con las que compró la Ciudad y la Nación

Última actualización: 23/02/2023

La muerte de una oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en manos de un hombre que le quitó su pistola provocó que los funcionarios del Gobierno porteño insistieran con la necesidad de que las fuerzas de seguridad tengan a su disposición las pistolas taser. Este es un debate no saldado que ya tiene más de una década de antigüedad y que atraviesa una disputa entre el Gobierno nacional y el porteño. La controversia, además, llegó a los tribunales.

El 23 de febrero último, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, informó que la Nación inició en 2022 el proceso de contratación para adquirir 100 pistolas taser.

¿Cuál es el origen de la disputa? ¿Qué pasó con las pistolas taser compradas por el Gobierno porteño? ¿Qué resolvió la Justicia? ¿Qué cambió entre el gobierno de Cambiemos y el del Frente de Todos? Todas las claves sobre estos dispositivos y las idas y vueltas sobre su uso en la Ciudad y en el país. 

Qué son las taser

Son armas “no letales” de descarga eléctrica. El Gobierno porteño busca adquirir las taser X26P.

Según describe el prospecto de estas armas, “son los dispositivos de transmisión de impulsos eléctricos de menor amperaje y mayor divulgación del mercado”. Agrega que, “cuando alcanzan al agresor, le provocan hasta 19 contracciones musculares por segundo, inmovilizándolo de manera inmediata, permitiendo su arresto sin poner en riesgo la integridad física de los involucrados”. Y señala que “el individuo jamás pierde el conocimiento, es decir que puede escuchar las órdenes del oficial”.

Indica, además, que puede utilizarse de 2 formas: “Disparando sus dardos a una distancia máxima de aproximadamente de 7,5 metros (dependiendo del cartucho)” o “haciendo contacto directo con el agresor”.

Una herramienta que divide aguas

Sus defensores sostienen que el uso de las taser le otorga a las fuerzas de seguridad una herramienta de control y defensa “no letal” o, al menos, con una letalidad muy menor a las armas de fuego. Los detractores sostienen que su “menor letalidad” puede llevar a un uso indiscriminado y abusivo y que puede utilizarse como un elemento de tortura.

“Se recomienda tenerlas y usarlas con los adecuados protocolos, entrenamientos y precauciones, pero son muy importantes porque evitan el uso de armas letales y, además, protegen a los agentes en situaciones en las que podrían verse arrinconados”, explicó a Chequeado Diego Fleitas, investigador de la Asociación de Políticas Públicas, profesor sobre Tendencias Delictivas en la Universidad de Tres de Febrero y ex director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad nacional durante el gobierno de Cambiemos.

Y agregó: “En general, en los países desarrollados se usan, por supuesto que tienen sus riesgos, de uso excesivo o de mal uso. Pero dentro de las adecuadas normas de uso de la fuerza y protocolos, son convenientes en diversos casos”.

Por otra parte, un informe del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), cuyo presidente es el abogado Mariano Ciafardini, cuestiona: “El hecho de considerarlas erróneamente como ‘armas no letales’ puede dar lugar a su uso indiscriminado y en cualquier tipo de contexto, lo que se ha demostrado que involucra un incremento no sólo de los casos de tortura sino también de las muertes de personas incluso desarmadas, implicando graves violaciones a los derechos humanos”.

2009: el origen de este debate en la Argentina

Durante la primera gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño, tanto él como sus funcionarios del área de Seguridad comenzaron a mencionar la posibilidad de utilizar pistolas taser. En 2009, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad aprobó el primer pliego para la adquisición de 30 pistolas taser X26 para la Policía Metropolitana. Un año más tarde, se sumó un nuevo pliego para la compra de otras 5.

Esas resoluciones fueron cuestionadas judicialmente a través de un amparo presentado por Carlos Pisoni, dirigente de la agrupación H.I.J.O.S. En primera y segunda instancia, la Justicia porteña le ordenó al gobierno de Macri que se abstuviera de utilizar estas pistolas. En marzo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad resolvió este pleito en favor del Gobierno porteño, aunque aclaró que la utilización de estas armas debía estar precedida de la aprobación de un protocolo que determinara su uso.

El protocolo nacional y la marcha atrás

En mayo de 2019, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich (Cambiemos), procedió a la compra de pistolas taser y a la reglamentación de un protocolo para su utilización. En aquella ocasión se compraron 100 dispositivos. Esta es la compra de la que se valió el ministro Aníbal Fernández, dado que esas pistolas quedaron en desuso.

Con la asunción del Frente de Todos, en diciembre de 2019, el protocolo fue derogado. “El referido reglamento consta de 6 artículos mediante los cuales se regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas ‘no letales’ -que, en realidad, son ‘menos letales’, tal como lo reconoce su fabricante-”, señala la resolución firmada por la ex ministra Sabina Frederic.

El accionar de la Ciudad

A principios de 2019, el Gobierno porteño inició el proceso de licitación para la compra de 60 “dispositivos de control electrónico” para la Policía de la Ciudad. El proceso fue adjudicado a la empresa Buccello y Asociados SRL, por un total de US$ 100.440 (US$ 1.674 por unidad).

Pero, este tipo de operaciones requieren de la autorización de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el organismo nacional que regula las armas en el país. En mayo de 2021, el ex director del organismo Ramiro Urristi firmó una resolución en la que aprobó la adquisición de este lote de armas. Sin embargo, el funcionario dejó su cargo pocas semanas después sin haber firmado la autorización de importación. 

En octubre de 2022, el Gobierno porteño presentó un amparo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Allí denunció que la ANMAC no autorizó la importación de las armas cuya adquisición había aprobado y nunca contestó a las intimaciones presentadas tanto por el Gobierno porteño como por la empresa. La ANMAC justificó la demora en la emergencia sanitaria por la pandemia y la postergación de los plazos de resolución de los trámites administrativos del organismo.

El 8 de febrero de 2023, el juez federal Walter Lara Correa hizo lugar a la acción de amparo y le ordenó a la ANMAC que se expida sobre este expediente en el plazo de 30 días. El fallo fue apelado por la ANMAC.

El 23 de febrero de 2023, el ministro Aníbal Fernández fue consultado sobre qué sucedará con la habilitación pendiente para que la administración de Rodríguez Larreta incorpore el armamento. “Seguramente sí (los vamos a habilitar), pero no soy yo quien debe hacerlo”, contestó.

Actualización 23/02/2023: la nota fue actualizada con la última información disponible.