Quiénes son y cómo viven los inmigrantes en la Argentina

En 1949, se instauró el 4 de septiembre como el Día del Inmigrante en la Argentina. En el Decreto 21.430, firmado por Juan Domingo Perón, se recordó que en ese mismo día de 1812 se publicó “el primer decreto de un gobierno argentino sobre el fomento de la inmigración” y además se ponderó el rol de los inmigrantes en el país. 73 años después, ¿cómo es la situación de los inmigrantes en la Argentina?

Quiénes son los inmigrantes

En la Argentina, la población migrante representa un 4,9% del total, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 2019. Esto significa que viven en este país más de 2 millones de personas que no nacieron aquí.

La Argentina -como país receptor- presenta uno de los valores más altos de la región, luego de Surinam y Chile, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los mejores datos para conocer las condiciones de vida de los migrantes generalmente surgen de los censos de población, pero los últimos datos publicados en la Argentina corresponden a 2010. Por eso, la información más detallada y actualizada disponible corresponde a la última encuesta nacional migrante, que se realizó en 2020, liderada por un grupo de investigadoras del Conicet.

Los resultados de la encuesta reflejan que el 53% de las personas inmigrantes se identificó como mujer, el 45% como varón y un 2% como parte del colectivo LGBT+.

La encuesta solamente fue respondida por mayores de 18 años, por lo que no tenemos datos actualizados de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Sin embargo, entre los inmigrantes adultos, se identificó que el 38% tiene 55 años o más; el 35%, entre 35 y 54 años; y un 27% entre 18 y 34 años.

Los principales países de origen son: Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Venezuela, Uruguay y España.

En relación a sus trayectorias educativas, casi la mitad de las personas migrantes que actualmente residen en el país completaron una educación terciaria o accedieron al nivel universitario. Más específicamente, 2 de cada 10 inmigrantes completaron una carrera de grado.

A su vez, el estudio destaca que “quienes han arribado más recientemente cuentan con perfiles educativos significativamente más altos que quienes llevan 10 años o más viviendo en la Argentina”.

En cuanto a la diversidad de los perfiles de las personas que eligieron este país para residir, a través de la encuesta se registró que 3 de cada 10 migrantes tiene ascendencia africana, asiática o indígena. Además, si bien la mayoría de las personas indicaron que hablan castellano, un 42% no lo considera su idioma principal: el 20,3% habla guaraní, el 5,6% italiano y el 5,5% quechua.

La mayor parte de las personas migrantes encuestadas llegó a la Argentina por motivos económicos: un 38% adujo razones laborales o señaló que en su país de origen no podía cubrir sus necesidades básicas.

Por su parte, el 22% de los encuestados indicó que migró para estudiar; un 16% para tener nuevas experiencias; un 14% para reunirse con su familia y un 12% se desplazó por violencias y persecuciones en su país de origen.

Por último, el 70% de las personas migrantes encuestadas indicó que residen en el país hace más de 10 años.

Cómo viven los inmigrantes

En relación a su situación legal en el país, el 76% de las personas migrantes encuestadas tiene una residencia permanente en la Argentina y un 8% cuenta con un permiso de residencia temporaria.

“Si bien las personas con residencia precaria (3%) se encuentran en una situación administrativa regular, esa condición suele operar en la práctica como una barrera para el acceso a otros derechos”, señala el informe.

Entre quienes tienen ese permiso de residencia precaria, se identificó una alta proporción de migrantes de países que no integran el Mercado Común del Sur (Mercosur). “La ausencia de acuerdos de residencia con Haití y Senegal explicaría, para los casos de migrantes provenientes de estas naciones, el gran peso porcentual de quienes no cuentan aún con un DNI (71% y 63%, respectivamente)”, agrega el estudio.

Julieta Nicolao es investigadora adjunta de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (Ceipil) y una de las coordinadoras de esta encuesta.

En diálogo con Chequeado, explicó: “Si bien los datos de la encuesta son relativamente favorables respecto de la cantidad de personas encuestadas que tienen objetivamente su DNI, el porcentaje de quienes no lo tienen y no han podido resolver esta situación de regularización migratoria aumenta significativamente entre quienes tienen menor tiempo de residencia en el país”.

“Cuanto mayor tiempo de residencia, mayor capital social de esta población y mayores posibilidades de regularizar no solo su situación documentaria sino también el acceso a un trabajo registrado y a mejoras en líneas generales de su acceso a derechos en la Argentina”, agregó la investigadora.

En cuanto a la inserción en el mercado laboral local, un 35% de los migrantes encuestados declaró no haber accedido a trabajos vinculados con su conocimiento o experiencia previa.

A su vez, un 37% de los encuestados indicó que estaba trabajando en relación de dependencia o con salario fijo, aunque el informe destaca que entre la población migrante tiene una gran preponderancia el autoempleo.

“Para la población migrante, la situación de vulnerabilidad laboral se encuentra vinculada a la inestabilidad del empleo, al subempleo o al desempleo. Dentro de estas categorías, pueden incluirse a quienes declararon realizar changas o tener trabajos esporádicos (16%), quienes cuentan con trabajos de temporada o estacionales (4%), así como quienes realizan actividades no remuneradas (6%) y quienes se encuentran bajo el desempleo buscando trabajo (11%)”, agrega el análisis.

Relacionado con esto último, casi la mitad de las personas consultadas indicaron que se atendieron principalmente en el sistema público de salud. Este 46% de las personas inmigrantes es un porcentaje más alto si se compara con las personas que se atienden en el sistema público sobre la población total del país, que es del 33,4%.

Entre los migrantes también se identifica un mayor porcentaje de personas que viven en situaciones de mayor precariedad habitacional que dentro de la población general. Un 51% de los encuestados no cuenta con acceso a alguno de los 3 servicios mínimos (agua corriente, gas en red y cloacas). Esto representa 6 puntos más que el porcentaje de personas de la población general del país que convive con estas necesidades.

Discriminación y violencia

El decreto que creó el Día del Inmigrante destacó el impacto positivo de la inmigración en nuestro país, y el propio preámbulo de la Constitución pondera la apertura de la Argentina a la llegada de nuevos habitantes; sin embargo, el 65% de los migrantes aseguraron que vivieron situaciones de discriminación, como se explicó en esta nota.

Un 45% de los migrantes adultos respondió haber sido discriminado “alguna vez”, 12% “esporádicamente”, 6% “frecuentemente” y 2% “siempre”, tanto debido a su condición de migrante como por su ascendencia étnico-racial.

Según indicaron, esta discriminación se dio principalmente en la calle (37%), a través de medios de comunicación, Internet y redes sociales (29%), en el trabajo (29%) y al momento de hacer trámites en una oficina estatal (26%).

“La Argentina tiene una ley de avanzada en cuanto al enfoque de derechos y garantías que el Estado debe brindar a la población que ingresa al territorio, como es la Ley 25.871 que fue promulgada en 2004”, señaló Nicolao.

Sin embargo, la investigadora también agregó que “la solución a las dificultades de los migrantes no pasaría por la generación de nuevas leyes sino por las dificultades de aplicación e implementación que tiene esta normativa. La ley exige algo que no está sucediendo y que es el gran reto: que todas las esferas del Estado tengan una perspectiva migratoria en la gestión de sus políticas públicas para que resulten inclusivas de esta población; y que el Estado en sus distintos niveles -nacional, provincial y municipal- se convierta en un garante efectivo de derechos”.